Luego de la escandalosa incorporación de personal a planta permanente en el Instituto de Seguridad Social y Seguros donde la mayoría de los punteros dasnevistas se aseguraron la continuidad en uno de los sectores mejores pagos de la administración pública, ayer el vocal por los activos del Instituto, Aldo Griffiths, presentó una denuncia penal por la posible comisión de delitos de Acción Pública ante la incorporación a planta permanente de la doctora Mabel Balado , sin haberse respetado el Estatuto del Escalafón del Personal.
Le solicitó al Ministerio Público Fiscal de Rawson que instruya la investigación penal y se practiquen las medidas investigativas que se estime pertinente para esclarecer los hechos que permitirían corroborar si existen acciones u omisiones dolosas de las que resultarían perjuicios para el ISSyS como consecuencia del nombramiento, que podrían resultar agravantes por sus conductas antijurídicas.
Se le pide a la justicia que secuestre y agregue el legajo dela doctora Balado en el ISSyS, lo mismo con los antecedentes del Acta 550 bis del ISSyS. Que le requiera a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos los antecedentes laborales de la Dra. Balado incluyendo fecha de ingreso y egreso y haberes percibidos y al presidente del ISSyS la totalidad de los pagos efectuado a la profesional por su desempeño en el Instituto.
Griffiths con el patrocinio del abogado Cristian Ayala le solicitó además al Ministerio Público Fiscal que disponga en forma urgente el secuestro de la documentación y se inicie con la instrucción pertinente de conformidad con las previsiones contenidas en el Código Procesal Penal.
Por el informe de Roldán
La denuncia nace a través de un informe presentado por el Director de la Secretaría General del ISSyS, Miguel Roldan, en el que figuran el personal, las altas y la situación de revista donde aparece la Dra Mabel Balado incorporada a la Planta Permanente de la Institución a partir del 1 de agosto de 2011 pero que en ese momento se encontraba usufructuando la Licencia Anual que le correspondía por estar trabajando también el Ministerio de Educación, “ante lo llamativo de la situación cursamos, junto con el vocal de los pasivos una nota al Director de la Secretaría General solicitándole una explicación sobre qué tipo de encuadre se le había dado a la Licenciada Balado”, sostiene Griffiths en la denuncia que fue presentada en el Ministerio Público Fiscal de Rawson.
En respuesta a esa nota se les informó que la Dra. Balado habría ingresado a la Planta Permanente del Organismo mediante la Resolución 0550 bis donde se la absorbe a partir del 1 de junio de 2011 a la Planta Permanente en la Categoría J-V, “pero la incorporación de la Dra. Balado no ha respetado el Estatuto Escalafón del Personal del Instituto que en su artículo 3ro dispone que el ingreso al ISSyS se hará previa acreditación de idoneidad en el cargo de menor jerarquía establecido presupuestariamente a excepción de los Técnicos y profesionales para ocupar cargos de la misma naturaleza y en la forma que establezca la Reglamentación”, se sostiene en la denuncia.
Todos quieren la J-V
Más adelante se indica que la categoría J-V no es precisamente la menor sino que, por el contrario, es una de las más altas del Estatuto, “al ser la Dra. Balado una profesional, y hubiera sido contratada para ocupar un cargo profesional debemos remitirnos a la Reglamentación del Estatuto establecida mediante Resolución Registrada bajo el número 1013 del día 14 de agosto de 1986 que establece que los profesionales y técnicos que deban ingresar a cargos que requieran título profesional habilitante, sólo podrá contratarse personal cuando se trate de tareas profesionales, técnicas o especializadas que no puedan ser cumplidas por el agente del Instituto, pero el ingreso se efectuará mediante concurso de antecedentes”.
En la denuncia se aclara que “la designación en la planta permanente violenta el Artículo 4to del Estatuto que dispone que todo nombramiento lo será con carácter condicional por el término de seis meses. Los Directores del Área o el inmediato Jefe Superior dentro de ese lapso, informará al Directorio sobre la idoneidad y condiciones demostradas por el ingresante, pasados los seis meses del ingreso, si no mediare Resolución fundada sobre la permanencia en el cargo de la persona nombrada provisoriamente, su designación automáticamente se transformará en definitiva”.
Incorporación contraria
La denuncia efectuada dice que “así las cosas la incorporación en Planta permanente de la Dra. Balado resulta contraria al Estatuto Escalafón del Personal del ISSyS al no haberse efectuado en la menor categoría o en su caso al no haberse efectuado el concurso y en cualquiera de los dos opciones al no haberse efectuad en forma provisoria los primeros seis meses, lapso en el cual se debería evaluar a dicha profesional”.
Para el vocal de los activos, Aldo Griffiths y su patrocinante, el abogado Cristian Ayala la incorporación efectiva como personal de planta permanente del ISSyS constituiría un delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal de la Nación, figura genética del abuso de autoridad que dispone, “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u ordenes contrarias a las constituciones, leyes nacionales, provinciales , no ejecutando las leyes cuyo cumplimiento le incumbe”.
En ese caso los autores del hecho serian Máximo Pérez Catán, Miguel Anchordoqui y Nelson Castro en sus respectivas calidades de presidente y vocales del Instituto por su carácter de funcionarios público, condición objetiva que lleva el presupuesto indispensable para que el delito pueda configurarse, “la autoridad que ejercieron el presidente y los vocales del Instituto, es decir las facultades, poderes y medios inherentes a los cargos de los cuales se habría abusado, y la imposibilidad de alegar desconocimiento de la situación anómala planteada porque como consecuencia del lugar que ocupan en el Instituto, están obligados a tener conocimiento de tales circunstancias ya sea por motivos personales, por los informes que debió recabar o por los que debieron haberle hecho haber aquellos que lo asesoran en el cumplimiento de sus actos públicos”.
Además se establece en la denuncia que será reprimido con multa de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo publico a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para lo cual no tenga los requisitos legales, incluso los nombrados.
Le solicitó al Ministerio Público Fiscal de Rawson que instruya la investigación penal y se practiquen las medidas investigativas que se estime pertinente para esclarecer los hechos que permitirían corroborar si existen acciones u omisiones dolosas de las que resultarían perjuicios para el ISSyS como consecuencia del nombramiento, que podrían resultar agravantes por sus conductas antijurídicas.
Se le pide a la justicia que secuestre y agregue el legajo de
Griffiths con el patrocinio del abogado Cristian Ayala le solicitó además al Ministerio Público Fiscal que disponga en forma urgente el secuestro de la documentación y se inicie con la instrucción pertinente de conformidad con las previsiones contenidas en el Código Procesal Penal.
Por el informe de Roldán
La denuncia nace a través de un informe presentado por el Director de la Secretaría General del ISSyS, Miguel Roldan, en el que figuran el personal, las altas y la situación de revista donde aparece la Dra Mabel Balado incorporada a la Planta Permanente de la Institución a partir del 1 de agosto de 2011 pero que en ese momento se encontraba usufructuando la Licencia Anual que le correspondía por estar trabajando también el Ministerio de Educación, “ante lo llamativo de la situación cursamos, junto con el vocal de los pasivos una nota al Director de la Secretaría General solicitándole una explicación sobre qué tipo de encuadre se le había dado a la Licenciada Balado”, sostiene Griffiths en la denuncia que fue presentada en el Ministerio Público Fiscal de Rawson.
En respuesta a esa nota se les informó que la Dra. Balado habría ingresado a la Planta Permanente del Organismo mediante la Resolución 0550 bis donde se la absorbe a partir del 1 de junio de 2011 a la Planta Permanente en la Categoría J-V, “pero la incorporación de la Dra. Balado no ha respetado el Estatuto Escalafón del Personal del Instituto que en su artículo 3ro dispone que el ingreso al ISSyS se hará previa acreditación de idoneidad en el cargo de menor jerarquía establecido presupuestariamente a excepción de los Técnicos y profesionales para ocupar cargos de la misma naturaleza y en la forma que establezca la Reglamentación”, se sostiene en la denuncia.
Todos quieren la J-V
Más adelante se indica que la categoría J-V no es precisamente la menor sino que, por el contrario, es una de las más altas del Estatuto, “al ser la Dra. Balado una profesional, y hubiera sido contratada para ocupar un cargo profesional debemos remitirnos a la Reglamentación del Estatuto establecida mediante Resolución Registrada bajo el número 1013 del día 14 de agosto de 1986 que establece que los profesionales y técnicos que deban ingresar a cargos que requieran título profesional habilitante, sólo podrá contratarse personal cuando se trate de tareas profesionales, técnicas o especializadas que no puedan ser cumplidas por el agente del Instituto, pero el ingreso se efectuará mediante concurso de antecedentes”.
En la denuncia se aclara que “la designación en la planta permanente violenta el Artículo 4to del Estatuto que dispone que todo nombramiento lo será con carácter condicional por el término de seis meses. Los Directores del Área o el inmediato Jefe Superior dentro de ese lapso, informará al Directorio sobre la idoneidad y condiciones demostradas por el ingresante, pasados los seis meses del ingreso, si no mediare Resolución fundada sobre la permanencia en el cargo de la persona nombrada provisoriamente, su designación automáticamente se transformará en definitiva”.
Incorporación contraria
La denuncia efectuada dice que “así las cosas la incorporación en Planta permanente de la Dra. Balado resulta contraria al Estatuto Escalafón del Personal del ISSyS al no haberse efectuado en la menor categoría o en su caso al no haberse efectuado el concurso y en cualquiera de los dos opciones al no haberse efectuad en forma provisoria los primeros seis meses, lapso en el cual se debería evaluar a dicha profesional”.
Para el vocal de los activos, Aldo Griffiths y su patrocinante, el abogado Cristian Ayala la incorporación efectiva como personal de planta permanente del ISSyS constituiría un delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal de la Nación, figura genética del abuso de autoridad que dispone, “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u ordenes contrarias a las constituciones, leyes nacionales, provinciales , no ejecutando las leyes cuyo cumplimiento le incumbe”.
En ese caso los autores del hecho serian Máximo Pérez Catán, Miguel Anchordoqui y Nelson Castro en sus respectivas calidades de presidente y vocales del Instituto por su carácter de funcionarios público, condición objetiva que lleva el presupuesto indispensable para que el delito pueda configurarse, “la autoridad que ejercieron el presidente y los vocales del Instituto, es decir las facultades, poderes y medios inherentes a los cargos de los cuales se habría abusado, y la imposibilidad de alegar desconocimiento de la situación anómala planteada porque como consecuencia del lugar que ocupan en el Instituto, están obligados a tener conocimiento de tales circunstancias ya sea por motivos personales, por los informes que debió recabar o por los que debieron haberle hecho haber aquellos que lo asesoran en el cumplimiento de sus actos públicos”.
Además se establece en la denuncia que será reprimido con multa de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de 6 meses a 2 años el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo publico a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para lo cual no tenga los requisitos legales, incluso los nombrados.
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