viernes, 27 de mayo de 2011

Artículo de "El Diario de Madryn" 27/05/2011- PRESENTARON JUNTO A LAUNIVERSIAD UN PROYECTO DE ORDENANZA/Organizaciones sociales piden que se suspendan los desalojos

El Consejo Social de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en conjunto con organizaciones sociales, el Movimiento “28 de Agosto”, integrantes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otros, presentaron ayer por mesa de entradas del Concejo Deliberante de Trelew un proyecto de ordenanza por el cual intentarán que se derogue la ley del año 2003 utilizada por el Ejecutivo para lograr los desalojos “administrativos” de los asentamientos ubicados en distintos puntos de la ciudad.
La presentación tomará estado parlamentario en la próxima sesión del Concejo, aunque ya se obtuvo el apoyo del concejal del ProVeCh, Guillermo Koser, quien comprometió su apoyo para encontrar algún camino sin violencia para ayudar a los sin techo de la ciudad.
Al ser consultado por El Diario Koser dijo ayer que “ellos están haciendo en este momento una presentación para que se trabaje sobre la derogación de la ordenanza, hoy no se va a tratar pero va a estar dentro de la órbita del Concejo Deliberante”.
Precisó el edil que “vamos a poner todos los esfuerzos que sean necesarios para ordenar esta situación, que puede llegar a ser casi anárquica para solucionar este problema. Yo creo que el municipio está trabajando, en el área de Planificación en los relevamientos y tenemos que ver cuáles son las conclusiones al respecto”.

Proyecto presentado

Los fundamentos de la derogación solicitada por organizaciones sociales, ocupantes y el Consejo Social de la Universidad, fueron elaborados en conjunto con apoyo legal esta semana, como una medida de acción directa para intentar frenar la intención de llevar los actuales asentamientos en la zona norte a un desalojo violento como el que en el año 2009 se concretó por esta misma ordenanza en el asentamiento “Dignidad”.
Los autores proponen en este proyecto que “la ordenanza 8634/03 fue sancionada como respuesta del gobierno municipal frente a las diversas ocupaciones de tierras que se estaban desarrollando en ese momento en la ciudad de Trelew. La norma expresa en su primer artículo: “Prohíbase toda modalidad de asentamiento u ocupación ilegal de terrenos baldíos de dominio público y privados en el ejido de la ciudad de Trelew” y prevé como sanción el desalojo o lanzamiento por la fuerza pública.  Establece un procedimiento muy breve a cargo del el Tribunal de Faltas de Trelew”.
En ese marco explican que “la experiencia de vigencia y aplicación de la ordenanza nos obliga a revisar su conveniencia. En agosto del año 2009,  con base en esta norma, se ordenó el desalojo del asentamiento conocido como “Dignidad”, hecho que tuvo una notable repercusión pública, y que generó la iniciación de causas penales contra los funcionarios responsables del desalojo, que hasta la fecha no se han dilucidado”.
Indican además que “resulta sumamente dudoso que el Municipio por su propia cuenta pueda ejecutar una orden como la de desalojar personas y secuestrar elementos utilizados para construir viviendas. Aunque pueda entender que el Tribunal de Faltas tiene competencia para definir como infracción la ocupación de terrenos, y que se asuma que dicha conducta es ilegal (lo que solo podría concluirse luego de un procedimiento adecuado en que se consideren los títulos o alegaciones que pudieren tener dichos ocupantes, que la ordenanza en absoluto cumple) lo cierto es que el Tribunal de Faltas ni el Municipio tiene potestad para ejecutar por sí dicha orden”.
Manifestaron además que “del mismo modo que se requiere para la ejecución de una multa aplicada por el Tribunal, que el Municipio concurra a los estrados judiciales para su cobro forzoso, el desalojo o secuestro de elementos propiedad de las personas, son actos de suma trascendencia que comprometen las garantías constitucionales y de ninguna manera pueden realizarse sin la participación de un Juez de la Constitución Provincial, que es quien tiene a su cargo garantizar el debido proceso legal”.
Señalan que “actualmente nos encontramos nuevamente con este tipo de conflictos, que revela la existencia de una situación estructural que requiere que se atienda debidamente, bajo el prisma de la satisfacción de los derechos a la tierra y a la vivienda, y con la debida participación de todos los estamentos y sectores sociales involucrados. Es preciso que como comunidad nos esforcemos por utilizar las herramientas del diálogo y que la política ocupe su lugar central, porque nada aporta este tipo de mecanismos represivos a todas luces inconstitucionales, y que han demostrado no contribuir en absoluto con la paz social y la tranquilidad públicas”.
“Es por eso que el Consejo Social de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, y los vecinos que suscriben en forma personal proponemos la derogación de la ordenanza N°  8634/03, pero como primer medida y como clara señal política del modelo de comunidad a que aspiramos, y con la seguridad de que es posible construir una sociedad más justa, con mayos satisfacción de derechos y donde el diálogo y no la represión ocupen el centro de la escena”, mencionan finalmente.

Asentamientos polémicos

Sobre el tema de los asentamientos, que por estos días enfrenta diversas polémicas en torno a la permanencia o desalojo de los vecinos ocupantes de tierras en la zona norte de la ciudad, el concejal Justicialista y presidente de su bloque, Leandro Espinosa, hizo un breve resumen acerca de las políticas habitacionales desarrollado a lo largo de estos años por la gestión municipal, que dio solución a “vecinos que estaban hace más de 30 años esperando su vivienda”, señaló.
El tema surgió ayer en la sesión debido a la presentación realizada en la Hora de Preferencias por el concejal Miguel Ramos, quien en su alocución indicó que “el problema de los asentamientos es un problema social que el gobierno venía hasta ahora disimulando con una gran cantidad de propaganda oficial”.
Mencionó el edil que “nos decían que había planificación con respecto al tema de viviendas, y de los terrenos, pero es todo mentira, el problema social en Trelew es muy grande porque este gobierno apuntó a subsidiar a las personas para subsistir en vez de generar empleo genuino”.
El concejal radical precisó que “hoy hay en la ciudad más de setecientas familias sin vivienda a la que se intenta conseguirle un lote fiscal, pero no es planificación cuando llega tarde, cuando el problema ya existe”.
Asimismo el concejal ratificó su postura con respecto a los lotes que prepara la municipalidad para entregarlos a casos sociales y en tal sentido indica que “las familias están apiladas en una vivienda, o viven en un mismo barrio y es muy complicado que se la quiera llevar a la otra punta de la ciudad, no se puede planificar en una sola zona o barrio de la ciudad”.
Finalmente el concejal pidió al Ejecutivo que “converse con la gente, que se busquen soluciones o mecanismos de solución para que no se llegue al extremo del desalojo como sucedió anteriormente en la ciudad”.

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