LA JUSTICIA DE ESQUEL ABRIO FORMALMENTE UNA INVESTIGACION: Más de tres horas duró la audiencia en la que se trató la presentación de apertura de la investigación por la Fiscalía y el tratamiento de la constitución de querellante de una de las víctimas, en la causa en la que se investiga la operación con tierras fiscales ubicadas en una zona paradisíaca de Cholila, en la que quedaron imputadas siete personas, dos de ellas funcionarias del IAC y otra del Municipio.
La jueza terminó de resolver ayer la apertura de la investigación en relación a siete imputados, entre ellos el presidente y el secretario general del IAC, una escribana, y el agrimensor que realizó las mensuras cuestionadas. La exposición del fiscal Martín Zacchino presentó el modo en que intervino cada uno de los siete imputados en los hechos que iban a producir un perjuicio patrimonial al Estado y a un poblador con permiso de ocupación en tierras ubicadas en una zona paradisíaca. La Fiscalía sostiene que todas las maniobras que investiga, fueron llevadas a cabo para sostener un negocio inmobiliario ya realizado. Un inversor extranjero, dedicado habitualmente a comprar tierras «con problemas de papeles» para luego de solucionados revenderlas a valores mucho más elevados, habría comprado mil hectáreas en la zona de La Horqueta a su ocupante, asesorado y representado este inversor por un hombre de la zona.
Los imputados son Oscar María Ratero, Roberto Osmar Vila, Rosana Noemí Porcu, Gustavo Roberto Simonetta y Ana María Simeoni por los delitos en concurso de «fraude cometido contra la administración pública provincial en concurso ideal con estafa en grado de tentativa en calidad de coautor; en concurso ideal con fraude cometido contra la administración pública provincial en concurso ideal con administración infiel en calidad de partícipe necesario».
En el caso del secretario general del IAC, Jorge Omar Geli, se lo acusa de los mismos delitos anteriores a los que se suma «en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público».
En tanto que al presidente del IAC, Raúl Milton Mac Burney, se lo imputa por «fraude cometido contra la administración pública provincial en concurso ideal con administración infiel en calidad de coautor en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público».
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