viernes, 28 de octubre de 2011

La policía del Chubut no está capacitada para abordar la delincuencia juvenil.- Articulo de diario "El Diario de Madryn" 28/10/2011

LEGISLADORES PROPONEN INSTRUÍR AL PERSONAL EN NORMAS INTERNACIONALES

El bloque de la Unión Cívica Radical aspira a dotar de una instrucción y capacitación especial a “los agentes de policía que traten a menudo o de manera exclusiva con menores o que se dediquen fundamentalmente a la prevención de la delincuencia de menores”, tal como lo recomiendan las Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia Juvenil aprobadas por Organización de las Naciones Unidas hace más de veinticinco años.
Con ese objetivo se presentó un proyecto de ley para incorporar la especialización prevista en esas normas al plan de estudios y capacitación continua del personal de la Policía Comunitaria de la Policía del Chubut a partir del ciclo lectivo 2012.
La  adecuación  policial a normas internacionales para actuar frente a la delincuencia juvenil  forma parte de un paquete de proyectos vinculados con esa temática, entre ellos la jerarquización normativa de las medidas alternativas para la niñez, entre ellas el acompañamiento a adolescentes en conflicto con la ley penal, y la modificación del Código Procesal Penal para permitir la aplicación de medidas de protección por parte de los jueces de garantía.

Preocupación

El fortalecimiento de la preparación policial para adecuarse a la creciente problemática de la seguridad pública constituyó una de las principales preocupaciones del bloque de diputados de la UCR en el último período legislativo.
La creación del Consejo Académico de Formación y Capacitación de Fuerzas de Seguridad Provincial, impulsada en 2008 a través de un proyecto de ley, inició un conjunto de propuestas con ese objetivo que han continuado hasta nuestros días con distintas alternativas.

Condiciones mínimas

Las llamadas “Reglas de Beijing” adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33 del 29 de noviembre del 1985,  exponen principios convenientes y prácticas para la administración de la justicia para jóvenes, aportando un mínimo de condiciones aceptadas internacionalmente para el tratamiento de jóvenes que entran en conflicto con la ley.
Una de las reglas, identificada con el N° 12, apunta a la especialización policial y señala la necesidad de impartir una formación especializada a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que intervengan en la administración de la justicia de menores.
Un comentario sobre esta aspiración señala que “como la policía es el primer punto de contacto con el sistema de la justicia de menores, es muy importante que actúa de manera informada y adecuada”.
Plantea también el diagnóstico de que aunque la relación entre la urbanización y el delito es sin duda compleja, “el incremento de la delincuencia juvenil va unido al crecimiento de las grandes ciudades, sobre todo a un crecimiento rápido y no planificado”.
Por consiguiente, “son indispensables contingentes especializados de policía, no sólo como garantía de la aplicación de los principios concretos previstos en el presente instrumento, sino también, de forma más general, para mejorar la prevención y represión de la delincuencia de menores y su tratamiento.

Programas y cursos

Otra iniciativa presentada a fines de septiembre apunta a incorporar, a partir del ciclo lectivo 2012, un conjunto de programas y cursos de jerarquía internacional, pagados en su momento por el Estado Provincial, en el marco de la instrumentación del nuevo sistema procesal en la provincia.
La propuesta fue explicada en su momento por el titular del bloque radical, diputado Roberto Risso, quien señaló que “todas estas cuestiones nos han sido remitidas desde el Superior Tribunal de Justicia y vamos a incorporarlas como anexo del proyecto de ley”, remarcando “su gran importancia para la formación del personal policial”.
Al respecto consideró tener en cuenta que “a nuestro sistema, producto de una reforma, se incorpora cotidianamente personal que tiene un curso de instrucción que, en algunos casos, no llega a tres meses. Y una vez incorporado no tiene una capacitación que permita mayor eficiencia en la tarea de investigación criminal”.
“Esta falta de instrucción y preparación contribuye, lamentablemente muchas veces, a la nulidad de los procedimientos, y obstaculiza el esclarecimiento de los hechos delictuales”, apuntó.
Risso consideró  “importantes”  que se ponga en marcha el Consejo Académico, como responsable de elaborar los planes de estudio y controlar los cursos de capacitación  y “este  proyecto de ley que apunta a la incorporación de todos estos programas, pagados por el Estado Provincial”
           
Tema pendiente

“Estamos viviendo los últimos tramos de una administración de ocho años que ha encabezado el gobernador Mario Das Neves y en el ámbito parlamentario, en muchas oportunidades, se han generado debates sobre temas trascendentes. Uno de ellos sigue siendo la falta de seguridad y el rol de la policía”, sostuvo Risso.
“Desde la UCR se ha planteado el tema de la formación policial a los ministros de Gobierno y, en su momento, estuvimos muy de acuerdo en la creación del Consejo Académico de Formación y Capacitación Policial y Penitenciaría, en el ámbito de la ley orgánica de la fuerza”, agregó, al señalar que “ya hemos discutido esta cuestión de la necesidad de la capacitación y su falta en la etapa posterior al ingreso”.

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