En el marco de las sucesivas y reiteradas denuncias de jóvenes y adolescentes que son golpeados y detenidos arbitrariamente por efectivos policiales, el Consejo Social de Trelew -con asesoramiento y colaboración del Ministerio de la Defensa Pública-, comenzó a delinear un proyecto de capacitación para docentes, en vías de sensibilizar y difundir información sobre los Derechos y Garantías que asisten a los jóvenes, así como también qué medidas se deben tomar ante una situación de vulneración de derechos por parte de las fuerzas de seguridad.
En este sentido, El Diario dialogó con el doctor Jorge Benesperi, titular dela Secretaría Penal del Ministerio de la Defensoría General de la provincia, “El Consejo Social ha convocado a algunas instituciones y personas para comenzar a discutir algunas cuestiones que son reales y que están sucediendo en nuestra región. Una de estas cuestiones son los derechos y garantías del hombre, los problemas a los que se enfrenta cuando el Estado hace uso de su poder, y la violencia institucional que se genera. Entonces, en este ámbito y teniendo como antecedente la charla previa del Banco de Datos de Casos de Tortura que se dio en la Universidad, surgió la posibilidad de empezar a discutir estos temas y si habría alguna posibilidad para empezar a canalizar esto a través de un proyecto en el Ministerio de Educación. Ya el hecho de comenzar a discutir estos temas y que haya alguna posibilidad de incorporar la currícula algún trabajo de especialización de los docentes en las escuelas de nuestra provincia, sobre esta problemática, ya es un avance importante. Se está discutiendo con algún conocimiento serio el tema de los derechos y garantías de los ciudadanos en general, sobre el control del Estado, hasta dónde puede hacer uso del poder estatal, cuáles son los límites, cuál es el ejercicio legítimo del poder del Estado, y como derivación de esto van surgiendo un montó de temas que se van ramificando.”
Acerca del proyecto de capacitación
El proyecto se enmarca en el “Convenio marco de cooperación mutua para la atención y difusión de Derechos Civiles y Políticos” establecido entre el Consejo Social y el Defensoría General del Chubut. En la última reunión que se llevó a cabo desde el Consejo Social de la Universidad, comenzaron a delinearse algunos ejes para ser abordados en la capacitación para docentes. En una primera instancia se realizará el proyecto y su justificación para ser presentado ante el Ministerio de Educación de la provincia, en vías de conseguir puntaje para aquellos docentes que reciban dicha capacitación.
La idea central es realizar seis encuentros en la Universidad, fuera del horario escolar, explicando la metodología del “Banco de Datos de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” de la provincia, cuáles son los derechos y garantías de las personas ante una situación de violencia ejercida por la policía, los jóvenes y la violencia, abordaje del Código Contravencional, el rol de la sociedad civil, entre otros asuntos.
Participación de la sociedad civil
Así también, Benesperi se refirió al “Protocolo para la Prevención de la Tortura” que fue propuesto por la Convención contra la Tortura y que establece que haya organizaciones de la sociedad civil y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como mecanismos de visita, pudiendo ingresar a los lugares de detención. “Esto es para que funcione en todo el mundo, los países fueron adhiriendo y Argentina lo hizo en el año 2002, y faltaba la aprobación del mecanismo nacional, que se viene gestando y discutiendo hace tiempo, con organizaciones de la sociedad civil que están impulsando esta aprobación. La semana pasada hubo una media aprobación del Senado, ahora falta la media aprobación de Diputados para que ya pueda aplicarse en el país; el inconveniente que existe hoy es que en muchas regiones de nuestro país no se permite ni siquiera que los defensores ingresen en los lugares de encierro, esto genera inconvenientes y sanciones internacionales como ha recibido la provincia de Mendoza, ha venidola Corte Interamericana a visitar las cárceles de Mendoza por la problemática que tienen; o sea que este poder abusivo trae sus consecuencias. Lo que hay que hacer es transparentar los muros, es solamente ver qué es lo que pasa y saber la realidad que vivimos, y con el mecanismo de Prevención lo que se permite es que las organizaciones del Estado más de la sociedad civil, puedan entrar y ver cuál es la realidad de nuestras cárceles, y a partir de ahí ver cómo se puede mejorar. Esto puede servir también para esta problemática que plantea el Consejo Social de detención arbitraria de jóvenes, pero lo que pasa es que cuando una persona está detenida por averiguación de antecedentes o algo momentáneo, generalmente es muy rápido, entonces habría que estar las 24 horas, y no es el objetivo.”
Derechos y concientización
La realidad indica que la gran mayoría de los hechos ilícitos producidos por las Fuerzas de Seguridad -tales como golpizas, gatillo fácil y detenciones arbitrarias- no son denunciados por los ciudadanos, por lo cual la única alternativa que nos queda como sociedad es divulgar los derechos que tenemos como ciudadanos, lograr una concientización de las personas sobre sus derechos y que las denuncias sean efectuadas, de lo contrario no figuran en las estadísticas y parecería que no existen tales casos.
Especialmente los jóvenes y adolescentes son los más vulnerables respecto de las detenciones arbitrarias, por lo cual es relevante conocer que el Código de Procedimientos establece que solo se pueden detener personas si hay elementos suficientes o si la persona está en fragancia. La policía tiene la facultad de pedir identificación y averiguar los antecedentes, pero debería ser en casos excepcionales; la fuerza de seguridad debe informar sobre los derechos que tiene la persona demorada -como poder llamar a un familiar-, conocer los hechos que se le imputan y saber quién es el funcionario que ordenó su detención.
“Que se pueda estar discutiendo este tipo de problemáticas en el seno de la Universidad y con gente de la sociedad civil, es importante. Puede ser el puntapié para difundir mucho más este tipo de temáticas que nos hacen a todos como ciudadanos en la región en que estamos, la problemática es de todos, no de un solo sector”, aseguró Benesperi.
En este sentido, El Diario dialogó con el doctor Jorge Benesperi, titular de
Acerca del proyecto de capacitación
El proyecto se enmarca en el “Convenio marco de cooperación mutua para la atención y difusión de Derechos Civiles y Políticos” establecido entre el Consejo Social y el Defensoría General del Chubut. En la última reunión que se llevó a cabo desde el Consejo Social de la Universidad, comenzaron a delinearse algunos ejes para ser abordados en la capacitación para docentes. En una primera instancia se realizará el proyecto y su justificación para ser presentado ante el Ministerio de Educación de la provincia, en vías de conseguir puntaje para aquellos docentes que reciban dicha capacitación.
La idea central es realizar seis encuentros en la Universidad, fuera del horario escolar, explicando la metodología del “Banco de Datos de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” de la provincia, cuáles son los derechos y garantías de las personas ante una situación de violencia ejercida por la policía, los jóvenes y la violencia, abordaje del Código Contravencional, el rol de la sociedad civil, entre otros asuntos.
Participación de la sociedad civil
Así también, Benesperi se refirió al “Protocolo para la Prevención de la Tortura” que fue propuesto por la Convención contra la Tortura y que establece que haya organizaciones de la sociedad civil y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como mecanismos de visita, pudiendo ingresar a los lugares de detención. “Esto es para que funcione en todo el mundo, los países fueron adhiriendo y Argentina lo hizo en el año 2002, y faltaba la aprobación del mecanismo nacional, que se viene gestando y discutiendo hace tiempo, con organizaciones de la sociedad civil que están impulsando esta aprobación. La semana pasada hubo una media aprobación del Senado, ahora falta la media aprobación de Diputados para que ya pueda aplicarse en el país; el inconveniente que existe hoy es que en muchas regiones de nuestro país no se permite ni siquiera que los defensores ingresen en los lugares de encierro, esto genera inconvenientes y sanciones internacionales como ha recibido la provincia de Mendoza, ha venido
Derechos y concientización
La realidad indica que la gran mayoría de los hechos ilícitos producidos por las Fuerzas de Seguridad -tales como golpizas, gatillo fácil y detenciones arbitrarias- no son denunciados por los ciudadanos, por lo cual la única alternativa que nos queda como sociedad es divulgar los derechos que tenemos como ciudadanos, lograr una concientización de las personas sobre sus derechos y que las denuncias sean efectuadas, de lo contrario no figuran en las estadísticas y parecería que no existen tales casos.
Especialmente los jóvenes y adolescentes son los más vulnerables respecto de las detenciones arbitrarias, por lo cual es relevante conocer que el Código de Procedimientos establece que solo se pueden detener personas si hay elementos suficientes o si la persona está en fragancia. La policía tiene la facultad de pedir identificación y averiguar los antecedentes, pero debería ser en casos excepcionales; la fuerza de seguridad debe informar sobre los derechos que tiene la persona demorada -como poder llamar a un familiar-, conocer los hechos que se le imputan y saber quién es el funcionario que ordenó su detención.
“Que se pueda estar discutiendo este tipo de problemáticas en el seno de la Universidad y con gente de la sociedad civil, es importante. Puede ser el puntapié para difundir mucho más este tipo de temáticas que nos hacen a todos como ciudadanos en la región en que estamos, la problemática es de todos, no de un solo sector”, aseguró Benesperi.
No hay comentarios:
Publicar un comentario