La decisión de cuestionar ante la justicia las resoluciones de los nombramientos surgió porque a miembros del gremio les habrían prometido cargos y ascensos que los diputados no cumplieron. Qué obtuvieron y qué reclaman para destrabar el conflicto. Detalles de una historia que sigue mañana.
Los argumentos no alcanzaron para los empleados que reclaman por su seguridad laboral.
El gremio de empleados legislativos que cuestionó ante la justicia dos resoluciones de nombramientos, había acordado antes aceptar esas medidas a cambio de algunos intereses creados: ascensos directos a cargos que debían concursarse, creaciones de cargos inexistentes hasta el momento e incorporaciones, tan políticas como las cuestionadas durante el escándalo, pero que beneficiaban a allegados a la conducción gremial.
En principio la negociación había llegado a buen término y se cumplieron compromisos para ambas partes: se otorgaron ascensos sin concurso para Irene Vega de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL) y se crearon nuevos cargos como el de Mario Negrete – también por parte del gremio- sin importar que ninguno de los dos tuviera la edad óptima para entrar a la administración pública. Además está en danza el ingreso de un familiar directo de Diana Ramírez, integrante de la conducción del sindicato. A cambio, se aprobaron las resoluciones de ingresos con los cargos que habían sido determinados en un acuerdo.
Sin embargo algunas otras solicitudes como nuevos ingresos de allegados a la conducción sindical, no se cumplieron y entonces se desató el escándalo con la presentación ante la justicia.
Un conflicto con un costado secreto en el que se escondieron explicaciones y convirtieron todo en un diálogo que parecía de sordos. Es que parte de la conversación era, podría decirse, “sólo para entendidos”. Únicamente estos calificados protagonistas que fueron parte de la negociación, podían entender que la decisión de presentar las resoluciones ante la justicia tenía más que ver con intereses creados y frustrados, que con la repentina vocación gremial de comenzar a hacer concursar los cargos y de frenar los ingresos.
De hecho el propio titular de la APEL, Ángel Sierra, no pudo responder a varios cuestionamientos vinculados a esta trama, por no haber formado parte de la reunión clave.
“Mi firma no está en la resolución porque yo no estuve en el acuerdo” había manifestado Sierra a quienes le reclamaban el cumplimiento de lo pactado. Y en parte tenía razón. Pero en parte no: Irene Vega, Mario Negrete y Diana Ramírez – representantes del gremio- eran los que habían formado parte de esa negociación y se mantuvieron durante gran parte del conflicto, encerrados.
Nadie puede hablar
La APEL reclama ahora un cambio en la historia de las incorporaciones a planta en la Legislatura Provincial que nunca recorrió el camino de los concursos. Salvo contados casos, como los puestos de taquígrafos, donde el requisito siempre es técnico.
En el año 84 la cámara comenzó a funcionar con unos 80 empleados. A la fecha tiene 185 personas en la planta permanente (incluyendo a los recientemente nombrados). Todos ingresaron de la misma manera: por decisión política. Incluso aquellos que ahora desde el gremio, con altas categorías y sueldos de cinco cifras piden que los ingresos sean por concursos. Por ese motivo antiguos empleados cuestionaban indignados la postura de la APEL: “¿Quién puede tirar la primera piedra de los que están en el gremio, si todos ingresaron de la misma manera y hasta ahora siguen incumpliendo hasta la Ley de ascensos?” comentó a periodistas de este medio un veterano empleado legislativo. Otro en cambio, cuestionó que mientras los integrantes de la APEL mejoraron sus propias condiciones laborales, hay empleados de mesa de entradas que en 28 años de antigüedad, nunca tuvieron la oportunidad de un ascenso.
Más de 20 personas se jubilaron a lo largo de esos años. El personal político (como secretarios y asesores) se mantiene, durante cada período, en unas 70 personas. De ese total de más de 250 personas, sólo 70 están afiliadas a la APEL y sostienen que el número iría en descenso a partir de este conflicto.
Lo que viene
El viernes los empleados legislativos redactaron una nota para pedir la renuncia a los miembros de la comisión directiva del gremio. Sin embargo no llegaron a presentarla porque en el camino tropezaron con imprevistos: algunos allegados al gremio “sugirieron” a parte del personal que no era conveniente y la junta de firmas se retrasó, pero no se suspendió.
Mañana lunes se realizará una reunión entre el presidente de la Cámara, diputados de distintos bloques y referentes de APEL. Allí todo podría pasar, dependiendo del tono de las negociaciones. Algunos legisladores confiaron a este medio que ante este panorama el gremio pretendía aumentar sus beneficios: “La negociación para el gremio ahora va a ser más larga” habría dicho un referente de la APEL en referencia a que para retirar las presentaciones, pedirían más.
Dependiendo de lo que el lunes suceda, el martes podría haber otra instancia unilateral desde el recinto con la que se garantizarían los ingresos del personal, mediante la facultad que otorga el Poder Legislativo.
En principio la negociación había llegado a buen término y se cumplieron compromisos para ambas partes: se otorgaron ascensos sin concurso para Irene Vega de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL) y se crearon nuevos cargos como el de Mario Negrete – también por parte del gremio- sin importar que ninguno de los dos tuviera la edad óptima para entrar a la administración pública. Además está en danza el ingreso de un familiar directo de Diana Ramírez, integrante de la conducción del sindicato. A cambio, se aprobaron las resoluciones de ingresos con los cargos que habían sido determinados en un acuerdo.
Sin embargo algunas otras solicitudes como nuevos ingresos de allegados a la conducción sindical, no se cumplieron y entonces se desató el escándalo con la presentación ante la justicia.
Un conflicto con un costado secreto en el que se escondieron explicaciones y convirtieron todo en un diálogo que parecía de sordos. Es que parte de la conversación era, podría decirse, “sólo para entendidos”. Únicamente estos calificados protagonistas que fueron parte de la negociación, podían entender que la decisión de presentar las resoluciones ante la justicia tenía más que ver con intereses creados y frustrados, que con la repentina vocación gremial de comenzar a hacer concursar los cargos y de frenar los ingresos.
De hecho el propio titular de la APEL, Ángel Sierra, no pudo responder a varios cuestionamientos vinculados a esta trama, por no haber formado parte de la reunión clave.
“Mi firma no está en la resolución porque yo no estuve en el acuerdo” había manifestado Sierra a quienes le reclamaban el cumplimiento de lo pactado. Y en parte tenía razón. Pero en parte no: Irene Vega, Mario Negrete y Diana Ramírez – representantes del gremio- eran los que habían formado parte de esa negociación y se mantuvieron durante gran parte del conflicto, encerrados.
Nadie puede hablar
La APEL reclama ahora un cambio en la historia de las incorporaciones a planta en la Legislatura Provincial que nunca recorrió el camino de los concursos. Salvo contados casos, como los puestos de taquígrafos, donde el requisito siempre es técnico.
En el año 84 la cámara comenzó a funcionar con unos 80 empleados. A la fecha tiene 185 personas en la planta permanente (incluyendo a los recientemente nombrados). Todos ingresaron de la misma manera: por decisión política. Incluso aquellos que ahora desde el gremio, con altas categorías y sueldos de cinco cifras piden que los ingresos sean por concursos. Por ese motivo antiguos empleados cuestionaban indignados la postura de la APEL: “¿Quién puede tirar la primera piedra de los que están en el gremio, si todos ingresaron de la misma manera y hasta ahora siguen incumpliendo hasta la Ley de ascensos?” comentó a periodistas de este medio un veterano empleado legislativo. Otro en cambio, cuestionó que mientras los integrantes de la APEL mejoraron sus propias condiciones laborales, hay empleados de mesa de entradas que en 28 años de antigüedad, nunca tuvieron la oportunidad de un ascenso.
Más de 20 personas se jubilaron a lo largo de esos años. El personal político (como secretarios y asesores) se mantiene, durante cada período, en unas 70 personas. De ese total de más de 250 personas, sólo 70 están afiliadas a la APEL y sostienen que el número iría en descenso a partir de este conflicto.
Lo que viene
El viernes los empleados legislativos redactaron una nota para pedir la renuncia a los miembros de la comisión directiva del gremio. Sin embargo no llegaron a presentarla porque en el camino tropezaron con imprevistos: algunos allegados al gremio “sugirieron” a parte del personal que no era conveniente y la junta de firmas se retrasó, pero no se suspendió.
Mañana lunes se realizará una reunión entre el presidente de la Cámara, diputados de distintos bloques y referentes de APEL. Allí todo podría pasar, dependiendo del tono de las negociaciones. Algunos legisladores confiaron a este medio que ante este panorama el gremio pretendía aumentar sus beneficios: “La negociación para el gremio ahora va a ser más larga” habría dicho un referente de la APEL en referencia a que para retirar las presentaciones, pedirían más.
Dependiendo de lo que el lunes suceda, el martes podría haber otra instancia unilateral desde el recinto con la que se garantizarían los ingresos del personal, mediante la facultad que otorga el Poder Legislativo.
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