En la oficina judicial de Rawson se realizó ayer una nueva audiencia judicial por el irregular retiro de 390 toneladas de chatarra pertenecientes a Vialidad Provincial, hecho ocurrido en el año 2004. La audiencia fue presidida por el juez de garantías Darío Arguiano y era para decidir si la causa sería elevada a juicio oral y público.
Una historia increíble
Recordemos que como querellante de esta causa está el sindicato de trabajadores viales (SITRAVICH) representado por su Secretario General, Aldo Griffith y el abogado Cristian Ayala. Los imputados son el ex interventor de Vialidad Provincial, Julio Otero a quien se le atribuyó haber autorizado la apertura del depósito para el retiro del material en desuso, el ex jefe de la zona sur de Vialidad Provincial, Roberto Ferrazano y los pertenecientes ala ONG Red Patagónica del Trueque, Rubén Segura y Roberto Jaramillo que elaboraron un convenio con Vialidad Provincial para recibir ese material de rezago.
Ausentes con aviso
A pesar que en la audiencia de ayer Otero ni Ferrazano se hicieron presentes, el primero presentó un certificado médico porque a su mujer la habían operado y el segundo envió una nota que no podía asistir “por cuestiones urgentes”, el juez Arguiano siguió adelante con la audiencia para poder establecer si la causa va a juicio oral y público pero no pudo determinarlo ya que el abogado de Julio Otero, Marcelo Gelvez cuestionó las sucesivas prorrogas que ha tenido esta causa desde el año 2004 y que a su criterio ha derivado las cuestiones en “abstracto” por lo que todos los imputados deberían ser sobreseídos.
Ante este planteo la querella solicitó cinco días para contestar y el juez se lo otorgó para que el próximo martes continúe la audiencia en la ofician judicial de Rawson.
Perjuicio al Estado
El abogado Cristian Ayala está convencido que existen elementos suficientes en la investigación para probar que se actuó en perjuicio del Estado provincial, de hecho y algo que llamo la atención es que en un principio la investigación dela Fiscalía estaba muy bien orientada, y de repente cuando estaba todo para pedir el juicio, la causa se paró y la Fiscalía no acusó.
No dudan que hay una gran responsabilidad política en todo esto ya que uno de los acusados Julio Otero fue en ese momento la máxima autoridad en Vialidad Provincial, y se especula que por acción u omisión hay una responsabilidad porque no se controló, no se supervisó y además hubo abandono de los intereses del Estado en la causa.
Ayala dijo a El Diario que están convencidos que hay elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público porque hubo una defraudación al Estado Provincial, “uno de los imputados, Julio Otero sigue siendo funcionario provincial y se han colectado las suficientes pruebas como para demostrar que han cometido un ilícito mediante un convenio fraguado que firmaron para beneficiarse con la venta de esa chatarra”.
Una venta a precio irrisorio
Cabe recordar que la causa se inicia en el año 2005 por la presunta defraudación contra el Estado provincial tras la venta de una gran cantidad de materiales, carrocerías, y otros elementos cuyo valor de mercado se estimaba en 93.600 pesos, los cuales fueron vendidos al irrisorio precio de 15.400 pesos.
Según consta en el expediente por el cual se tramita esta causa, se trataba de 390 toneladas de elementos entre los que se contaban por ejemplo 9 motores, 5 diferenciales, 12 llantas, 2 martillos neumáticos, 11 partes de chasis de maquinaria pesada, 31 motoniveladoras e incontables partes de las maquinarias que se utilizan habitualmente enla Administración de Vialidad Provincial.
La venta se habría realizado en forma directa sin ningún tipo de oferta pública ni de búsqueda de mejores ofertas de dinero por la cantidad de cosas que se vendieron, obviando todos los pasos legales previstos para los trámites de la administración pública provincial.
Se señaló que ese material de rezago no era todo chatarra, y se vendió como si fuera chatarra a precios muy bajos, cuando dentro de ese material existían elementos como partes de motoniveladoras que servían para poder sacar repuestos por ejemplo para las maquinarias que están en marcha y en uso.
Una historia increíble
Recordemos que como querellante de esta causa está el sindicato de trabajadores viales (SITRAVICH) representado por su Secretario General, Aldo Griffith y el abogado Cristian Ayala. Los imputados son el ex interventor de Vialidad Provincial, Julio Otero a quien se le atribuyó haber autorizado la apertura del depósito para el retiro del material en desuso, el ex jefe de la zona sur de Vialidad Provincial, Roberto Ferrazano y los pertenecientes a
Ausentes con aviso
A pesar que en la audiencia de ayer Otero ni Ferrazano se hicieron presentes, el primero presentó un certificado médico porque a su mujer la habían operado y el segundo envió una nota que no podía asistir “por cuestiones urgentes”, el juez Arguiano siguió adelante con la audiencia para poder establecer si la causa va a juicio oral y público pero no pudo determinarlo ya que el abogado de Julio Otero, Marcelo Gelvez cuestionó las sucesivas prorrogas que ha tenido esta causa desde el año 2004 y que a su criterio ha derivado las cuestiones en “abstracto” por lo que todos los imputados deberían ser sobreseídos.
Ante este planteo la querella solicitó cinco días para contestar y el juez se lo otorgó para que el próximo martes continúe la audiencia en la ofician judicial de Rawson.
Perjuicio al Estado
El abogado Cristian Ayala está convencido que existen elementos suficientes en la investigación para probar que se actuó en perjuicio del Estado provincial, de hecho y algo que llamo la atención es que en un principio la investigación de
No dudan que hay una gran responsabilidad política en todo esto ya que uno de los acusados Julio Otero fue en ese momento la máxima autoridad en Vialidad Provincial, y se especula que por acción u omisión hay una responsabilidad porque no se controló, no se supervisó y además hubo abandono de los intereses del Estado en la causa.
Ayala dijo a El Diario que están convencidos que hay elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público porque hubo una defraudación al Estado Provincial, “uno de los imputados, Julio Otero sigue siendo funcionario provincial y se han colectado las suficientes pruebas como para demostrar que han cometido un ilícito mediante un convenio fraguado que firmaron para beneficiarse con la venta de esa chatarra”.
Una venta a precio irrisorio
Cabe recordar que la causa se inicia en el año 2005 por la presunta defraudación contra el Estado provincial tras la venta de una gran cantidad de materiales, carrocerías, y otros elementos cuyo valor de mercado se estimaba en 93.600 pesos, los cuales fueron vendidos al irrisorio precio de 15.400 pesos.
Según consta en el expediente por el cual se tramita esta causa, se trataba de 390 toneladas de elementos entre los que se contaban por ejemplo 9 motores, 5 diferenciales, 12 llantas, 2 martillos neumáticos, 11 partes de chasis de maquinaria pesada, 31 motoniveladoras e incontables partes de las maquinarias que se utilizan habitualmente en
La venta se habría realizado en forma directa sin ningún tipo de oferta pública ni de búsqueda de mejores ofertas de dinero por la cantidad de cosas que se vendieron, obviando todos los pasos legales previstos para los trámites de la administración pública provincial.
Se señaló que ese material de rezago no era todo chatarra, y se vendió como si fuera chatarra a precios muy bajos, cuando dentro de ese material existían elementos como partes de motoniveladoras que servían para poder sacar repuestos por ejemplo para las maquinarias que están en marcha y en uso.
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